Extractivismo rancio o modelo sustentable

Extractivismo a cualquier precio, múltiples esquemas normativos provinciales y empresas extranjeras concesionarias, son parte de la minería en Argentina hoy en día. En medio de un contexto de crisis económica ¿cuáles son los desafíos del gobierno nacional? ¿Qué modelo productivo necesitamos? Y quizás la interrogante más importante por resolver ¿es posible una explotación de recursos con control estatal y cuidado del medio ambiente?

Ilustración: Ribeiro.

La minería en nuestro país es un sector productivo que se codea con el extractivismo más perjudicial para el medio ambiente (ya que se utilizan sustancias como el cianuro) y también para la transparencia política (lobby). A pesar de esto, es necesario profundizar el análisis de esta forma de producción, no desde un lado extremo y opuesto, sino desde un lugar que nos invite a pensar en el potenciamiento de este tipo de explotación de suelos, para considerar una diversificación de nuestra producción nacional. Pero para poder llegar a algún tipo de conclusión sobre este tema hay que hacer un poco de historia.

Inversores extranjeros

Fue en los ’90 que se sentaron las bases para la creación del modelo minero que al día de hoy rige en cada política adoptada. A través de la reforma del Código de Minería (1886), que impide la explotación por parte del Estado Nacional de los yacimientos, se sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que otorgaba a los inversores extranjeros los mismos derechos y obligaciones que los inversores nacionales, e incluso mejor: devolución del IVA, subsidio a la electricidad, limitación de las regalías a un máximo del 3% del valor de boca de mina del mineral extraído y estabilidad fiscal por 30 años, entre otras cosas.

La Constitución de 1994, establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, esto significa que son ellas quienes pueden establecer concesiones para la explotación. De esta manera tenemos la presencia de múltiples esquemas normativos y diversos grados de desarrollo de la actividad minera a nivel provincial. Con empresas extranjeras concesionarias a las que poco les preocupa hacer una explotación sustentable del suelo, sino más bien, generar ganancias de forma rápida con el menor riesgo posible.

A todo esto: ¿Cuánto representa la producción minera en nuestra economía?

En Mendoza, por ejemplo, la producción de este tipo representa el 0,5% del total argentino y sólo el 0,2% del producto geográfico bruto (PGB) provincial; a pesar de que la provincia cuenta con una variedad de suelos potenciales de ser explotados:  yacimientos de oro, cobre, uranio, plomo, plata y zinc, entre otros.

Fuentes privadas estiman que su potencial geológico es elevado en el caso del cobre, debido a que la zona de exploración de Papagayos tiene similares características a la región de la mina El Teniente en Chile, el yacimiento con explotación subterránea más grande del mundo. El valor potencial de la explotación provincial podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares.

Según un relevamiento de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), hay 20 proyectos paralizados, algunos de ellos en etapa de desarrollo o factibilizados, y otros en fase de exploración. Como es el caso del Proyecto San Jorge o Potasio Río Colorado, que quedaron truncos debido a que Mendoza es la única provincia que no cuenta con la presencia del Estado provincial en la planificación de la explotación de los yacimientos.

Actualmente seis de las ocho provincias mineras parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), tienen empresas estatales para explotar de forma mixta -junto a privados- los recursos, ya que el Estado en sí mismo no lo puede hacer por Ley: Catamarca (CAMYEN), Río Negro (EMIR), La Rioja (EMSE), Jujuy (JEMSE), Chubut (Petrominera), Salta (REMSA), Santa Cruz (FORMICRUZ), Neuquén (CORMINE) y en San Juan el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras.

¿Por qué un Estado interventor?

La participación del Estado en la explotación de recursos no solo otorga más control sobre lo que hacen las empresas, impidiendo que estas se lleven todas sus ganancias al exterior, sino que posibilitaría que diferentes centros de investigación, como las universidades por ejemplo, busquen las mejores alternativas para una explotación sustentable.

Hoy, existen tecnologías de extracción en fase experimental, como la recuperación aurífera libre de cianuro y la biolixiviación (que utiliza bacterias para extraer cobre, sin utilización intensiva de agua), que aunque no han sido escaladas y aplicables en todas las situaciones por implicar riesgos económicos para las empresas, se perfilan como las soluciones de un futuro no tan lejano.

Otro caso modelo es Perú, en donde siguen un proceso que combina la electroquímica e hidrometalurgia para extraer oro y plata sin utilizar cianuro ni mercurio, que fue desarrollado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

Siguiendo esta enseñanza de aquellos lugares donde la participación del Estado es efectiva, deberíamos pensar a la minería como un eslabón hacia un desarrollo que implique un mayor crecimiento para el país, sin afectar las condiciones de vida de lxs ciudadanxs.

Buscar y encontrar los medios necesarios para que en este camino las ganancias sean reinvertidas en mejores tecnologías que protejan el medio ambiente. Encontrar nuevas formas de minería que respeten los suelos y a la vez permitan ser una contraparte válida al monopolio del campo agrícola ganadero, sin caer en el extractivismo rancio y perjudicial signado por las formas de producción del neoliberalismo.

El gobierno frente al medio ambiente y la minería

El presidente Alberto Fernández en su campaña defendió la producción minera, al mismo tiempo de mostrarse particularmente comprometido con la protección del medio ambiente.

Es así como en su discurso de asunción reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París, “para poder atender sobre todo a los sectores más desprotegidos que son aquellos que más sufren los efectos del cambio climático” y la necesidad de ordenar las condiciones para la conservación y uso racional de los recursos ambientales.

Estas palabras se muestran a tono con la preocupación por el medio ambiente que hoy envuelve a las generaciones más jóvenes, luego de sucesos de impacto mundial como los incendios en el Amazonas y Australia.

Así como a nivel nacional con lo ocurrido en Mendoza el pasado 23 de diciembre, dónde con movilizaciones y represión mediante, lxs ciudadanxs lograron que el gobernador Rodolfo Suárez de marcha atrás con los permisos otorgados a las empresas mineras para que puedan explotar los suelos de su provincia sin proteger el agua de la misma.

La ley bandera de este tema es la 7722, que prohíbe de forma implícita la explotación minera por las restricciones al uso de sustancias químicas y que durante diciembre fue dejada sin efecto por el gobierno de Mendoza con aval del justicialismo provincial, al impulsar la ley 9209 que habilitaba el uso de sustancias peligrosas como el cianuro.

El desafío, entonces, que tiene el gobierno nacional, es generar un desarrollo por fuera de la concepción ideológica del neoliberalismo, donde lo importante es extraer a cualquier precio ambiental. Además de impulsar políticas que no solo generen trabajo, sino también una mejor redistribución de las ganancias.

Las claves

La cintura política, la energía conciliadora y la fortaleza en las calles serán claves en este camino. El caso de Mendoza sigue siendo un ejemplo para retratar de alguna manera la forma de actuar del nuevo gobierno, ya que si bien el presidente no se expidió de manera pública, lo hizo a través de sus legisladoras: la senadora del FpV de Mendoza Fernández Sagasti o  la diputada nacional kirchnerista Gabriela Cerruti.

Este tipo de gestos políticos debemos aprender a observar de ahora en más, porque las demandas sociales son muchas y hay que tener inteligencia para comunicar cada medida adoptada.

No hay que dejar de lado el contexto internacional. El gobierno necesita inversiones de calidad para poder llevar a cabo su modelo de producción desarrollista y redistributivo.

Para esto debe, antes que nada, renegociar la deuda con el FMI. Y para que esta sea beneficiosa, el gobierno necesita tender puentes de entendimiento con Trump, un presidente que con su decisión de abandonar el acuerdo de París, ha dejado en claro su postura frente al medio ambiente.

En la misma línea, nuestro mayor socio en Latinoamérica, Brasil, sigue las mismas ideas que el líder del país imperial. Por todo esto es necesario tener en cuenta estos escenarios, porque cada medida que se tome estará marcada por este contexto.

El 2020

Este año será de negociaciones con diferentes sectores, sobre las cuales se buscará sostener un modelo productivo que busque mejoras en la vida de todxs lxs argentinxs.

El medio ambiente se perfila como el debate que se profundizará con el correr de los meses, y la sociedad exigirá políticas públicas en este sentido, ya que el cuidado de nuestros recursos naturales debe ser parte de la ideología de los gobiernos que busquen una mayor igualdad.

Porque como sostiene el galardonado economista Thomas Piketty, la desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política; el hilo conductor de la historia, no fueron las luchas de clases, sino la lucha de ideologías. Y es precisamente hacia esta conclusión que el gobierno de Fernández debe caminar si quiere fortalecerse como gobierno y mejorar la situación ambiental como económica de nuestro país.