“Miedo es la palabra que más repito. No tengo el coraje de este pueblo”, dijo a través de sus redes sociales el periodista argentino Nazareno Roviello, mientras cubría la violencia estatal en Chile, y pintó con una frase todo el paisaje del país hermano. Carabineros se ensaña contra la libertad de prensa en tiempos donde la difusión puede ser un salvavidas: Hoy el fotógrafo Jorge Cerpa, herido de bala; ayer el periodista argentino Jeremías González, detenido arbitrariamente; antes, Nazareno y dos colegas. Dar testimonio y difundir esta información, para alzar la voz contra la impunidad.
Fotografía: Reuters.
Ya van 18 días de protestas en todo Chile y como es de público conocimiento las respuestas del gobierno fueron varias: represión, tortura y asesinato son parte del cocktail que ahora parecen negar todos los altos mandatarios. Aunque tras fuertes presiones nieguen una violación sistemática de los derechos humanos, las evidencias indican lo contrario.
Las versiones más fieles, respaldadas por hechos y testimonios, no son las oficiales, son las del horror. Los pueblos de América Latina saben por su historia que es difícil denunciar a un Estado conducido por violentos, por eso muchas víctimas sin su seguridad garantizada aún no han podido hacerlo.
Sin ir más lejos, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, denunció que recibieron amenazas e intimidaciones para evitar que se emitan informes sobre la asistencia que prestaron a lxs manifestantes heridxs durante las protestas sociales.
En este marco, la cobertura periodística no es en absoluto bienvenida, y así, atentan contra la libertad de prensa y ponen en jaque la difusión que hoy Chile necesita.
En primera persona
El sábado 26 de octubre, tres periodistas argentinos, entre los que me incluyo, fuimos retenidos ilegalmente en el aeropuerto de Santiago durante más de siete horas. Todo comenzó cuando en el puesto migratorio de la Policía de Investigaciones de Chile, el oficial cambió su cara al escuchar que éramos periodistas. Hizo señas a su compañero y salió con nuestros documentos que no volveríamos a ver hasta entrada la madrugada.
Luego de hacernos esperar nos interrogaron uno por uno y al final indicaron: “Esperen unos minutos, ahora les vamos a decir qué va a pasar con ustedes”. La incertidumbre se apoderó de nosotros, yo esperaba lo peor: Nunca se identificaron ni nos dieron sus nombres, incumpliendo así la ley y volviendo ilegal el operativo.
Cuando volvieron señalaron que íbamos a ser deportados bajo el artículo 15 de la Ley Nacional de Migraciones, por “contenido que incita o promueve el odio y la violencia”. Les pedimos pruebas y nos mostraron una foto periodística del perfil social de Leandro Díaz del Campo. Les pedí hablar con el consulado y nos negaron el llamado.El miedo fue más grande cuando un oficial vestido de civil nos pidió que lo acompañemos, nos llevó a un cuarto bajo llave y frente a nuestra negativa nos dijo que no teníamos opción. El resto es historia pública.
Comencé a hablar con mis amigos chilenos que nos pusieron abogados y movieron el mundo para garantizar nuestra seguridad. Al rato estábamos saliendo en vivo por la CNN Chile en un video que habíamos grabado para anunciar que estábamos encerrados en esa sala.
Pasadas las 22.30 y cuando integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) estaban llegando al aeropuerto, nos cambiaron los vuelos para las 7 y nos abrieron la puerta para ir a otro lugar desconocido. Sin nuestros documentos y angustiados, fuimos a una sala de abordaje.
Finalmente llegó el personal y nos entrevistó de manera oficial para ver qué había pasado, pero abogados de la PDI nos hicieron bajar otra vez, con miedo, a la oficina de la policía dentro del aeropuerto. Vimos que estaban nuestros abogados y a pesar de ello nos hicieron pasar a una oficina cerrada, negando su entrada y la del personal de INDH.
Nos preguntaron nuevamente sobre nuestros trabajos, y señalaron que para ejercer periodismo allí no importaba lo que diga la ONU o cualquier tratado internacional de derechos humanos: “En Chile ahora se necesita visa de trabajo”.
El estado de emergencia o excepción indicado en casi todas las constituciones “democráticas” de América Latina, indica que está restringida la libertad de circulación y de reunión, pero bajo ningún punto de vista se encuentra mermada la libertad de prensa u otros derechos.
Entonces tocaron la puerta y un abogado de la PDI le indicó a su par que el personal del INDH tenía derecho a estar en la entrevista. Nos dejaron salir enseguida, y una vez en el pasillo un civil comenzó a hablarnos de manera amenazante, resultó ser el Director Nacional de Migraciones.
A pesar de nuestras explicaciones sobre los tratados internacionales, este señor sostuvo su versión hasta que el personal del INDH le indicó que de todos modos, ya teníamos aprobado nuestro pase al país. Asumo que su cara fue de decepción, sus últimas palabras fueron: “Ya, vayan con cuidado”.
Violados nuestros derechos, la PDI sacó un comunicado para proteger las mentiras de su institución. En él dijeron que no teníamos credenciales de ningún tipo y que tuvieron que constatar nuestros antecedentes con INTERPOL y el propio gobierno argentino, exponiendo nuestra integridad aún más. Finalmente insistieron en que para trabajar de periodistas necesitábamos pedir una visa de trabajo en el Ministerio del Interior, cosa que impediría la libertad de prensa.
Publicada su mentira, nos fuimos del aeropuerto mientras un oficial de civil nos sacaba fotos. El resto de la historia no es pública, porque justamente tuvimos que velar por nuestra seguridad: Pasamos los días con miedo, cambiando de casa, sin decir dónde estábamos e intentando cumplir con nuestro trabajo del mejor modo posible.
La persecución a la prensa continúa
El domingo en Santiago de Chile se realizó como todos los días una manifestación en Plaza Italia. En las protestas la policía suele determinar el nivel de tensión, y entonces decidió atacar a la prensa: Mientras que detenían a manifestantes y las subían a su camión de detención, dos fotoperiodistas visualmente identificados comenzaron a filmar; carabineros se volcó sobre ellos y decidió detenerlos ilegalmente, violando como tantas veces los derechos de libre circulación, protesta y libertad de prensa.
Todo quedó filmado en el celular de uno de los trabajadores de prensa. Los Carabineros los agarraron y por la fuerza los subieron al camión, recién allí pidieron credenciales. Les exigieron guardar el celular y el video quedó en negro, en él se escuchan a otros detenidos y al personal de Carabineros que informó: “Serán llevados a la comisaría 19, se les verificará su domicilio, ojalá ninguno falso, después serán puestos en libertad, nada más”.
Tras difundirse la ilegal situación, se activó una red que generó que personal del INDH, abogadxs independientes, observadorxs de derechos humanos del Sindicato Único de Trabajadores (SUTRA), y referentxs sociales, se acercaron a la comisaría.
Las detenciones arbitrarias ocurren con miles de personas que no tienen la “suerte” de ser periodistas y contar con tal respaldo. Lxs vecinxs de la zona ofrecen por redes sociales acercarse a la comisaría 19 para contribuir con su presencia y exigir la integridad física de lxs detenidxs. Incertidumbre y angustia, empatía y temor, es lo que moviliza a quienes quieren ayudar ante una situación que se repite hace 18 días.
A las 22 del domingo lxs especialistas y referentes solicitaron a Carabineros constatar la condición de lxs detenidxs. Algunos presentaban lesiones menores que no quisieron reportar en un examen médico, ya que los adultos no tienen la obligación de hacerlo a menos que sean graves.
Fueron cinco hombres y una mujer lxs detenidxs. Allí la fuerzas especiales plantearon que estaban revisando la situación de dos periodistas, uno argentino y otro chileno. Querían acusar al fotógrafo chileno por suplantación de identidad por no portar al momento una acreditación profesional. En Chile aún no se comprende la profesión de fotoperiodista o reportero gráfico, por fuera de la función comúnmente conocida como “periodista”. Sobre esto, integrantes de la Red de Medios de los Pueblos dicen: “No puede ser que se atropellen los derechos de esta manera, Chile no puede ser una isla que no reconozca el trabajo de lo reporteros gráficos”.
El fiscal, que fue notificado por carta y no se presentó en la comisaría, determinó que las personas quedarían apercibidas por desórdenes simples. Respecto al caso del periodista argentino, Jeremías González, el fiscal solicitó -en un claro intento por complicar su situación- pruebas de antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI), a pesar de que ya había sido anunciada su libertad, y a pesar de que ya había mostrado su pase de migraciones y su permiso para residir en el país por 90 días. A raíz de la demora que generó esta situación, las fuerzas especiales fueron a extranjería sin encontrar respuesta y le pidieron al fiscal que se contacte directamente con la PDI para verificar el caso del “extranjero”.
Verónica, observadora de DDHH de SUTRA, señaló que una abogada de la Universidad de Chile en conjunto con el resto de las organizaciones, decidieron presentar un recurso de amparo: “Le explicaron al Juez que el Fiscal ya había concedido su libertad, y así terminó dictaminando la liberación inmediata del argentino Jeremías González alrededor de las 2:30 de la madrugada”.
Hoy están en libertad, pero tratando de resguardar su seguridad; los periodistas vivieron una situación indeseada e ilegal. Claro que no es la primera vez que se atropellan los derechos humanos en estos días, el pueblo chileno espera justicia y ayuda internacional para la protección de sus derechos.
La Cruz Roja indica que lxs heridxs atendidxs en estos días duplican la cantidad indicada por el INDH (1.659 personas según INDH), y a pesar de que todos los altos cargos del gobierno digan que vienen trabajando con respeto hacia los derechos humanos, cada acción demuestra lo contrario.
Otro atentado a la prensa
El primero de noviembre el fotógrafo municipal Jorge Cerpa, estaba sacando fotos fuera del Cuartel de la VI División del Ejército en Iquique cuando desde adentro del cartel sonaron disparos. Un balin le impactó en la mano derecha y le provocó una fractura.
Cerpa caminó herido y encaró a un General del Ejército, a quien le mostró la herida. El militar lo miró y respondió: “disculpame flaco, fue un condoro”, un error.
Personal de la Cruz Roja lo trasladó al hospital. En el día de ayer el INDH presentó querella por el delito de tortura, contemplado en el artículo 150 A, y la directora regional del organismo, Lorena de Ferrari, dijo: “Jorge Cerpa es un funcionario municipal que fue herido en su mano derecha con disparos que salieron desde el cuartel, mientras realizaba su trabajo, en circunstancias en que no existía toque de queda”.
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Pica para mi, pica para todos mis compas, que sin haber cometido delito alguno se encuentran con faltas simples sin saber qué será de su futuro. Así se trabaja hoy en Chile, con persecución, censura en las redes sociales, y una violencia que está a la orden del día.