¿Cómo puede ser que la verdura nos resulte tan cara? ¿Quién vela por productorxs y consumidorxs en la cadena de comercialización que hace que los valores se disparen? ¿Cómo puede ser que las familias pequeño-productoras se mueran envenenadas con agrotóxicos? La intervención del Estado definirá el rumbo del país: agronegocio concentrado o agroecología justa y soberana.
Fotografía: Cecilia Insinga.
Agrotóxicos
El modelo de campo tradicional ha logrado enriquecerse con el paquete tecnológico de agrotóxicos y semillas transgénicas, que comenzaron a usarse a fines de los ’80 desde las multinacionales como Monsanto-Bayer. Estos químicos no solo quedan impregnados en los alimentos sino que también deterioran gravemente la salud de lxs trabajadorxs y de las comunidades que se encuentran cerca de los cultivos.
Algunas de las enfermedades crónicas que generan los agrotóxicos son la anencefalia, autismo, cáncer, Alzheimer, enfermedad renal crónica y deformidad. Existen casos como el de Fabián Tomasi, ex trabajador y fumigador, que luchó por 10 años en contra del glifosato (herbicida desarrollado por Monsanto) y falleció a causa de sus efectos el 7 de septiembre de 2018.
Ana Zabaloy, una maestra y psicopedagoga que luchaba contra las fumigaciones en San Antonio de Areco, falleció el 8 de junio de 2019 a causa de un cáncer que venía gestándose hace 6 años atrás por envenenamiento con agroquímicos. Dedicada a la docencia rural, formaba parte de la Red de Docentes por la Vida, organización que lucha contra la fumigación de agrotóxicos en las cercanías de las escuelas.
“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos. Diseminadas entre las millones de hectáreas donde se producen intensamente commodities de exportación como soja y maíz, hay cientos de escuelas rurales donde estudian miles de niños y niñas”, dijo Ana Zabaloy en una de las últimas entrevistas que le hicieron.
El 7 de febrero el gobierno bonaerense de Axel Kicillof suspendió la norma 246 que se había promovido en el gobierno de María Eugenia Vidal. Esta habilitaba las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la provincia de Buenos Aires. La actual gestión dispuso una mesa integrada por científicos, funcionarios y productores para discutir pautas sanitarias de acá en adelante.
Tierra
Como si el problema de los agrotóxicos fuese poco, en Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de pequeñxs productorxs. El 70% de los 200 mil no tiene tierra propia, a pesar de que producen más del 60% de los alimentos.
Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) la concentración de tierras en pocas manos creció exponencialmente en el último periodo. Actualmente el 1,08% de las fincas concentra el 36,4% de la tierra.
“Necesitamos una ley de acceso a la tierra, no queremos que nos la regalen. Queremos pagar en cuotas el pedazo de tierra que siempre hemos anhelado, en vez de pagar un alquiler. Estamos cansados de los intermediarios que nos pagan un peso o a veces ni nos pagan. Queremos la agroecología, cambiar el modelo de producción. Necesitamos políticas públicas para nuestro sector”, dijo la referente de los Horticultores Bolivianos Organizados, Zulma Molloja, durante el Foro Agrario 2019.
La dificultad de acceder a una tierra propia encarece los costos de producción y a veces imposibilita la sustentabilidad económica de las familias, permitiendo su desarraigo rural en busca de otras oportunidades, generalmente de mayor precariedad laboral, en las ciudades.
Las familias que logran afrontar los gastos de alquiler también son perjudicadas al final de la cadena de comercialización, donde el producto que sale de las quintas a precio mínimo es sometido a una larga serie de especulaciones y desemboca en las góndolas a precios altos.
Urgen políticas públicas para el acceso a las tierras, que contemplen créditos blandos o la reactivación de las colonias agrícolas de abastecimiento urbano con parcelas estatales, para lxs productorxs que no solo se dediquen al monocultivo. Según el CNA, entre el 2002 y el 2018 se redujo un 25,5% de las explotaciones agropecuarias.
Además, el Estado es la pieza clave para regular e intervenir en la vinculación entre productor y consumidor, que hoy está mediada por las grandes cadenas de comercialización de las multinacionales.
Campo Cooperativo
En 2019 una oleada de Verdurazos y Alimentazos coparon Plaza de Mayo, donde se comercializaron alimentos sanos a precios justos. Por primera vez en los sectores urbanos de la ciudad lxs consumidorxs y vendedorxs de frutas y verduras se encontraron cara a cara.
El sector del campo cooperativo está compuesto por campesinxs, trabajadorxs y pequeñxs productorxs rurales, pionerxs en la cadena comercial que desemboca en los alimentos que tienen lxs consumidorxs en sus platos.
Las organizaciones de trabajadorxs rurales vienen discutiendo sobre los dos modelos de campo que existen en nuestro país: uno concentra la mayor cantidad de riquezas en manos de unos pocos a costa de la especulación y el desalojo de familias campesinas; y el otro plantea el trabajo conjunto con economías regionales, busca la agroecología como modo de producción sustentable, y lucha por los derechos de lxs trabajadorxs y consumidorxs.
A diferencia del modelo agroproductivo concentrado que utiliza agrotóxicos, herbicidas y fertilizantes sintéticos para la producción, “el campo cooperativo viene a plantear un nuevo modo de hacer alimentos, donde haya un cambio social, un intercambio más noble con el ecosistema, se respete la salud humana y la comercialización justa, se genere más trabajo y haya viviendas. Eso es posible de alcanzar a través de la agroecología”, dijo Javier Scheingbengraf, ingeniero agrónomo y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
“Alimentos sanos a precios justos” es la consigna de las ferias itinerantes que se realizan a lo largo y ancho del país, convocadas desde la UTT, una organización que aglutina a familias pequeño-productoras presentes en más de 15 provincias, y que cuentan ya con 300 hectáreas de producción hortícola agroecológica libre de venenos.
En Argentina uno de cada 50 establecimientos rurales ya hace producción agroecológica u orgánica, según el CNA. Esto significa que no utilizan semillas transgénicas, ni paquetes tecnológicos que contengan agrotóxicos, sino bioinsumos creados por los propios productores a través de cursos y capacitaciones, de ahí la importancia de la organización. Al mismo tiempo se garantizan mejores ingresos a través del menor costo en insumos, la comercialización directa y, a largo plazo, el cuidado de la tierra para reutilizarla.
Este modelo de campo cooperativo defiende la soberanía alimentaria, pilar fundamental para una economía regional independiente de las multinacionales, que monopolizan la producción y comercialización de alimentos.
“No hay soberanía alimentaria sin soberanía política. Nadie resuelve las cuestiones en forma individual”, dice Myriam Gorban, Licenciada en Nutrición y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y agrega: “El concepto de soberanía alimentaria es indispensable para abordar la cuestión de la alimentación y el rol fundamental que ocupan los municipios en la creación de circuitos virtuosos de producción, comercialización y consumo.”
Defender lo que hay, para conquistar nuevos derechos
Alberto Fernández presentó en octubre del año pasado “Argentina Contra El Hambre”, un plan de acuerdo federal que busca garantizar alimentos básicos para personas que están bajo la línea de la pobreza.
La idea se sustenta en la creación de una gran red de círculos de productores locales y consumidores para comprar a precios baratos frutas, verduras, lácteos y carnes. Para eso se prioriza activar los canales de comercialización para la economía social y popular, en donde el cooperativismo y la agricultura familiar serán actores centrales de esas políticas públicas.
“Argentina Contra El Hambre es más que terminar con el hambre, es empezar a discutir la matriz productiva de agroalimentos para consumo interno con valor agregado, hacia una Argentina con seguridad y soberanía alimentaria”, dijo la concejala platense Victoria Tolosa Paz, encargada del Consejo Federal de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular
El primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular se llevó adelante el 7 y 8 de mayo del 2019 en el Microestadio de Ferro, donde participaron más de 90 organizaciones políticas, rurales, de técnicos, profesionales y estudiantes.
Allí se conformó el Programa Agrario Soberano y Popular, un documento elaborado con los principales puntos a incorporarse en la política nacional, presentado en varias ciudades del país durante los últimos meses. La propuesta busca la articulación con otros sectores de la sociedad (universidades, centros de investigación y extensión, organizaciones sociales y políticas), necesarios para discutir y construir un modelo de producción y desarrollo superador.
“Hoy lo que logramos es una continuidad histórica. Esta tarea de empezar a debatir y construir un programa agrario, no solo fue una lista de problemas, sino también un pliego de propuestas de los trabajadores del pueblo organizado, proponiendo que es lo que hay que hacer para adelante, para transformar el modelo de manera urgente”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador de la UTT.
A la hora de discutir la soberanía del país, el modelo productivo y distributivo son fundamentales. Cómo rediseñar los circuitos de producción y comercialización, garantizar una alimentación sana y accesible para lxs consumidorxs y el derecho a trabajar dignamente para quienes producen los alimentos. La intervención del Estado definirá el rumbo del país: agronegocio concentrado o agroecología justa y soberana.
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