Se cumplen 26 años del atentado a la AMIA. La historia de un horror que cada 18 de julio vuelve a explotar ante la indolencia del poder judicial. Qué pasó, qué nos hicieron creer y cómo avanzó una causa que logró más espectacularización que reparación a las familias. Como dijo Pierre Dubois: “No es suficiente afirmar que la justicia ‘tarda pero llega’. La justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta”.
Ilustración: Fiorella Beltrami para Alta Trama.
A las 9:53 del 18 de Julio de 1994 estalló la bomba en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA). Murieron 85 personas y resultaron heridas más de 300. Desde entonces, comenzó un camino de memoria activa en pos de conseguir un atisbo de justicia.
“La causa AMIA pasó de ser como un cuchillo al que primero se le cambia el mango (amigos sirios del presidente por iraníes) y luego la hoja (la federal por la bonaerense). Argumentándose que se trataba del mismo cuchillo porque conservaba el mismo remache (Telledín) que en realidad seguía detenido por otros delitos”, Juan Salinas, InFAMIA.
1988
Amalia Beatriz “Amira” Yoma, ex cuñada de Carlos Menem, era militante del partido Baas del presidente Sirio Háfez al-Ásad (1971-2000), y esposa de Ibrahim Al Ibrahim, miembro del servicio de inteligencia del gobierno.
En 1988 Carlos Menem, en calidad de Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y futuro candidato a la presidencia, viajó a Siria y le propuso al presidente mantener una línea directa entre los dos países mediante Amira.
El gobernante de la nación asiática a cambio, le pidió que nombrara a Ibrahim como director de la aduana de Ezeiza. En esa reunión además, el futuro presidente argentino también hace su primer contacto con el traficante de armas Monzer Al Kassar, que en ese entonces contaba con un pedido de captura por la Interpol debido a sus contactos con el narcotráfico colombiano).
Este encuentro fue uno de los tantos que tuvo Menem con diferentes autoridades árabes de naciones que sufrían el veto estadounidense respecto a sus planes nucleares. Es así que aprovechando esta situación negocia entregar el misil Cóndor a Libia, mientras que a Siria e Irán les promete tecnología nuclear a cambio de un aporte de 40 millones de dólares para su campaña presidencial.
Una vez el riojano en Casa Rosada, cumplirá con su primera promesa poniendo a Ibrahim a trabajar cerca del empresario Alfredo Yabrán, el encargado de los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza.
Sin embargo, al corto andar en el poder, Menem comenzará a alinear su política con el gobierno estadounidense de George H. W. Bush, hecho que complicará sus relaciones con el mundo árabe, aunque para equiparar la balanza les permitirá el comercio ilegal de armas, Al-Kassar será el intermediario de dichas operaciones.
El 14 de Marzo de 1992 a las 14:45, un conductor suicida estrelló una camioneta F-100 cargada de explosivos contra la Embajada de Israel. 22 personas murieron y 242 resultaron heridas.
El atentado se produce en medio de la fuerte presión de la derecha israelí que estaba en contra de las negociaciones por la paz con los palestinos (se estimaba la entrega de territorio por parte de los israelíes a los palestinos). La bomba en la embajada se sospecha como una de las tantas estrategias de la oposición israelí al primer ministro Isaac Rabbin, en pos de boicotear estos acuerdos y por ende desgastar su gobierno.
La estadía de Al Kassar en el país peligraba después del ataque, debido a que las investigaciones podrían acercarse a él solo por el hecho de ser buscado internacionalmente. Es así, como el propio gobierno le facilita una salida hacia Chile y de allí vuelo directo a España donde es detenido por el Juez Baltasar Garzón. Sin embargo, por diversas artimañas, entre ellas las sospechosas muertes de varios testigos en su contra, y gracias a la corrupta justicia de Málaga, logra quedar en libertad a fines de 1993.
AMIA, ¿qué pasó?
Las primeras pesquisas a pocas horas del atentado llevadas a cabo por el Juez Galeano probaron la existencia de un volquete entregado minutos antes de la explosión (en ese momento la AMIA estaba siendo reformada por el arquitecto Andrés Malamud, uno de los fallecidos).
La empresa Santa Rita, encargada de trasladar los volquetes pertenecía a Nassib Haddad, ciudadano libanés, primo de uno de los fundadores de Hezbollah (partido político militar nacido en los ochenta, luego de la invasión de Israel a tierras del sur del Líbano, que entre sus métodos de lucha se encuentra el terrorismo) y profesional en demoliciones.
El ex jefe de fabricaciones militares argentinas Carlos Franke, tenía una aceitada relación con Haddad, debido a que solía venderle explosivos. Según Gabriel Levinas (autor del libro La ley bajo los escombros), Franke y Haddad ocultaron información de una compra anterior de explosivos (1993) que coincide en gran medida, cantidad y tipo, con los utilizados en la explosión de la AMIA de acuerdo al informe de los expertos.
Tras una declaración del conductor del camión, se prueba de que el volquete habría salido desde un terreno baldío en Constitución 2657, propiedad de Alberto Kanoore Edul, empresario textil amigo del presidente Menem.
En base a estas sopechas, se toma detenido a Haddad por pedido de siete fiscales, aunque horas después, será liberado por el juez Galeano a instancias de Ruckauf y el comisario de la policía federal Adrián Pelachi.
¿Qué nos hicieron creer?
Cuando la bomba estalló el mundo giraba en torno a la lucha por el poder en oriente, para Israel, apoyado por Estados Unidos, era imprescindible elaborar una teoría que lo alejara de su posible conexión con cualquier indicio del tráfico de armas (existen pruebas de su participación en la venta ilegal de armas israelíes hacia Croacia y Bosnia y Herzegovina) y le permitiera fortalecer su posición internacional frente a los palestinos. De esta forma la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se asocia a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y al Mossad, agencia de inteligencia del ejercito israelí, para la investigación del caso.
Mientras en el plano nacional, Eduardo Duhalde se perfilaba como el candidato a competirle la presidencia a Menem en la interna peronista, por lo que era una oportunidad clave para emparentar a la policía bonaerense con el caso y darle al gobernador, un golpe certero en la lucha por la presidencia.
Rubén Beraja, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), negoció una actitud pasiva y controlada en la investigación del atentado, a cambio de una ayuda financiera del Banco Central a su Banco Mayo. Según Gabriel Levinas desde el atentado hasta junio de 1997, el Banco había crecido más de 14 veces gracias a la recepción de enormes cantidades de dinero por parte del Banco Central a tasas preferenciales, y había sido ayudado irrestrictamente para absorber otras entidades en desgracias.
Basándose en todo esto, la teoría sostenida desde el gobierno argentino, en consonancia con el estadounidense y el israelí, fue la de que un conductor iraní, integrante del movimiento extremista Hezbollá, con lazos con el propio gobierno de Irán, estalló una traffic adquirida a través de la corrupta policía bonaerense mediante un contacto con el desarmador de autos Carlos Telledín.
La mayoría de las investigaciones realizadas por los servicios de inteligencia se basaban en declaraciones de un funcionario opositor al gobierno de Irán, que dijo que el atentado se planeó durante una reunión entre importantes referentes (declaraciones tomadas en Venezuela por el juez Galeano, el que se sostuvo en pistas proporcionadas por la CIA, dando vía libre para que en Argentina se liberara a Haddad).
De esta forma, con los medios de comunicación como principales divulgadores, se instala la versión de la conexión local que sostenía que el atentado había sido realizado por un suicida iraní con apoyo de la policía bonaerense. ¿Cual era la prueba fundamental? el motor de la traffic encontrado entre los restos por un agente israelí, con el número de serie intacto, que conecta al desarmador de autos Telledín que declarará en el juicio que la bonaerense había ido a pedirle un auto.
Es preciso destacar que a esta “versión oficial” se opuso fervientemente Nilda Garré, integrante en ese entonces de la Unidad de Investigación Amia. Es por esta postura que fue apartada de su puesto y acusada de incumplimiento de los deberes del funcionario público por los fiscales al mando José Barbaccia y Eamon Mullen.
La indolente justicia
En 1997 los fiscales Mullen y Barbaccia a cargo de la investigación, junto al juez Galeano, necesitaban sumar a otro colega con experiencia en juicios orales, por lo que en Alberto Nisman no sólo encontraron un fiscal con las aptitudes profesionales aptas, sino también a uno con raíces judías, un detalle que daría al juicio un contexto épico y la posibilidad de ganarse una mayor confianza con el tribunal.
Años después, en el 2001, durante el juicio contra las 22 personas acusadas de formar parte de la conexión local, el periodista Jorge Lanata divulga una cámara oculta donde se veía al juez Galeano con Carlos Telledín negociando el pago de 400 mil dólares (luego se demostraría que pertenecían a los fondos reservados de la SIDE) a cambio de que éste acuse a policías de la bonaerense.
Estos videos pertenecían al propio juez que grababa todas sus reuniones, pero que sufrió en algún momento el robo de estas desde su caja fuerte. Con este precedente, el propio Carlos Telledín declara frente a los jueces, a lo que se suma la prueba de que los fiscales Mullen y Barbaccia también estaban coludidos en el acuerdo.
El juicio terminó en 2004 con la absolución de todos los implicados, derrumbándose como castillo de naipes la hipótesis de la conexión local, y se denuncia por delito de encubrimiento a Carlos Menem, Carlos Corach (ministro del interior), Hugo Anzorreguy (titular de la SIDE al momento del atentado), Rubén Beraja, al juez Galeano y a los fiscales Mullen y Barbaccia entre otros.
¿Y Nisman?
Nisman no fue acusado, ya que no sabía de este arreglo según su confesión. Y como gesto de agradecimiento no apela a la imputación del juez, dejando efectiva la pena y ganándose la enemistad de sus antiguos compañeros de campo. Aunque a cambio, consigue a un nuevo aliado: Jaime Stiuso, agente de inteligencia de la Argentina entre 1972 a 2014.
Stiuso había quedado fortalecido porque fue uno de los que se opuso a la operación del pago de la coima a Telledín, y gracias a esta posición había salido airoso en su lucha por el poder de la SIDE frente a Patricio Finnen. Desde entonces Nisman comenzaría a depender totalmente del agente para sostener la pista iraní y de esta forma mantener con vida la causa que lo posicionaría como un fiscal de prestigio.
En septiembre de 2004 el presidente Néstor Kirchner lo nombrará al frente de la UFI AMIA, una fiscalía con un presupuesto millonario que podía gastar según su criterio. Sin embargo, sería Jaime Stiuso el que manejará toda la información respectiva al caso, además de los contactos con los servicios israelíes y yanquis, y las relaciones con cientos de jueces federales gracias a las colaboraciones que prestaba desde la agencia.
El desempeño del fiscal en la causa dejó mucho que desear. Muchas veces los miembros de Memoria Activa (organización independiente de familiares de las víctimas) salieron a declarar contra su trabajo. En el 2015 por ejemplo, Diana Malamud, una de las integrantes, declaró que: “El fiscal Nisman ha mostrado su total incapacidad para investigar en esta causa”.
Caso Berro
Nisman había comunicado que estaba detrás de unos informes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, que demostraban que una persona llamada Ibrahim Berro, supuestamente muerto en el Líbano, en realidad había sido el chofer de la traffic bomba de la AMIA. Se basaban en que nunca habían encontrado el cuerpo, y la única prueba que tenían de ello era un supuesto funeral simbólico con la participación del líder de Hezbollah.
El fiscal y Jaime Stiuso viajaron a Detroit a entrevistar a dos hermanos de Ibrahim, quienes declararon que efectivamente tenían un hermano muerto en el Líbano, pero no mucho más. Al volver a la Argentina Nisman se reúne con los familiares, les muestra una foto de Ibrahim Berro y les dice: “esta es la persona que asesinó a sus familiares”. Luego agregó que se trataba del chofer de la traffic e incluso llegó a citar a uno de los hermanos Berro, quien según él había dicho: “Mi hermano voló la AMIA”.
Cuando los Berro se enteraron de esto, declararon frente a la prensa argentina que no habían dicho eso, algo que se comprobó fácilmente al acceder a las actas de sus declaraciones. El fiscal durante muchos años también se opuso al análisis de sangre de un cuerpo identificado como NN para que se contrastara con el de los hermanos Berro. Recién cuando Nisman muere, los análisis se hacen dando negativo el parentesco.
En el 2013, el fiscal es participe de otro papelón al pedir la captura internacional del ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, detenido en Estados Unidos y dejado en libertad al poco tiempo por falta de pruebas. Debido a esto el Estado argentino tuvo que pagar costos económicos (270.000 libras por los perjuicios causados) y diplomáticos (también el gobierno tuvo que emitir una disculpa).
El Memorándum
“Durante todos estos meses en los cuales el memorándum estuvo frenado, ¿avanzó la causa? No. ¿Se hizo justicia? Tampoco. ¿Se atrasó la investigación?… Sería importante escuchar al fiscal Nisman en este punto a diez años de haber asumido en su cargo de único responsable de la investigación…” (Canciller Héctor Timmerman, 2015)
El 27 de enero de 2013, Argentina e Irán suscribieron un Memorándum de Entendimiento que permitía al fiscal Nisman y al juez Canicoba Corral (reemplazante de Galeano) interrogar a los sospechosos en Teherán, capital de Irán, ante una comisión consensuada por ambas naciones. Las resoluciones no serían vinculadas para la justicia Argentina. Esto fue apoyado por la DAIA, la AMIA y familiares luego de reunirse con el canciller Timmerman, porque lo consideraron como un avance en la investigación que se pudiera tomar declaración por primera vez a los acusados.
Pero 48 horas después, sospechosamente la DAIA y la AMIA cambian su parecer y emiten un comunicado cuestionando el Memorándum y advirtiendo que interpondrán un recurso de amparo porque decían que era inconstitucional. Canicoba Corral desestimó la presentación de inconstitucionalidad, pero la Cámara Federal dio lugar al recurso que impidió la entrada en vigencia del acuerdo.
“El fiscal, la presidenta y el espía”
Cristina Fernández de Kirchner, unos meses antes de la denuncia de Nisman (2015), había decidido dar de baja a Jaime Stiuso y para esto, mediante su secretario Oscar Parrilli, inició una serie de negociaciones con el espía para su desvinculación, la que se logra después de varias reuniones.
Nisman se queda de esta forma sin su principal socio y con sospechas de ser el próximo en la lista de desvinculaciones. Si el Memorándum llegase a ser ratificado, las acusaciones hacia los iraníes caerían porque no había mayores pruebas que las creadas en 1994. A esa altura y sin la protección Stiuso, su posición comenzaba a debilitarse.
Es en este contexto de debilidad que irrumpe con la denuncia, en la que acusaba al canciller Timmerman, junto a otros dirigentes del Frente para la Victoria (FPV), haber acordado el Memorándum para garantizar la impunidad iraní, a cambio de negocios vinculados a la venta de granos y la compra de petróleo.
Según el fiscal, el gobierno habría negociado la baja de las alertas rojas (tipo de notificación a la que se le asignan diferentes colores en el marco de un acuerdo de cooperación internacional. La roja se trata de una solicitud a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para “localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”) que rigen sobre imputados iraníes, algo que fue desmentido por el titular de la Interpol, Ronald Noble, al que no dejaron declarar, por decisión del fallecido Juez Bonadío, sino hasta unos meses atrás.
Según el periodista Juan Salinas, la denuncia presentada había sido redactada para utilizarla durante el mes de las elecciones con Stiuso como mentor principal. Se suponía que esto desgastaría la imagen de Cristina e iría a favor de la candidatura de Sergio Massa (Frente Renovador).
La denuncia de Nisman fue desestimada en su totalidad dos veces por falta de pruebas por el juez Daniel Rafecas. Sin embargo, Rafecas fue apartado y esta pasó al juzgado del Juez Claudio Bonadio, a pesar de que en el 2005 ya había sido apartado de la causa AMIA por tres jueces de la Cámara del Crimen, por falta de imparcialidad y haber mantenido un doble rol de magistrado y sospechoso (recordemos que Bonadio había sido el mano derecha del imputado Carlos Corach).
La denuncia no prosperó debido a que el fiscal fue encontrado muerto momentos antes de ir a presentarse al Congreso. Más allá de las diferentes versiones, se puede determinar que Alberto Nisman y su muerte constituyen un eslabón más de una cadena interminable de sucesos confusos y sospechosos, que hacen de la causa AMIA un lugar oscuro y peligroso para investigar.
Actualidad
Por decreto del presidente Alberto Fernández, antes de la pandemia, se prohíbe a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colaborar con la Justicia en las investigaciones criminales. Tampoco podrá cumplir “funciones policiales” o realizar “tareas represivas” sin excepción. Esto quiere decir que los jueces no podrán ordenar que los servicios de inteligencia actúen como auxiliares de causas penales, casos de corrupción, narcotráfico o delitos comunes.
El objetivo del gobierno es que la AFI solo se dedique a tareas vinculadas a la prevención del terrorismo y de los delitos que afecten el orden constitucional. También se derogará el secreto de fondos de la secretaría y se desclasificarán los testimonios brindados por agentes de inteligencia en la investigación del ataque a la mutual judía. Además, volvieron a ser públicos más del 90% del dinero que el gobierno anterior había declarado como fondos reservados.
Ya es injusta
“No sólo el pasado influye en el futuro sino que el futuro también influye en el pasado” (Tannahaus, Dark)
Los autores materiales parecen haber sido contratados por quienes se encontraban muy cerca del presidente Menem. Además, está claro que los servicios de inteligencia israelíes despejaron ambos edificios, de modo que ningún jerarca resultara muerto o herido.
En 1992 en el atentado a la embajada, se trasladó una reunión regional del Shin Bet (servicio de inteligencia y seguridad interior israelí) al hotel Sheraton y se desalojó el edificio al mediodía por lo que solo murieron cuatro ciudadanos israelíes.
En la AMIA sucedió algo similar, dirigentes de la DAIA y de la OSA (Organización Sionista Argentina) fueron atraídos a una intempestiva reunión matutina en Radio Jai, además de suspender a último momento una reunión en el edificio del grupo Testimonio.
La pista que más se acerca a los hechos, es la que sostiene que Al Kassar, aliado con una parte del servicio de inteligencia israelí , la policía federal, la SIDE y gran parte del gobierno de Menem, perpetró el atentado como una forma de presionar por pagos atrasados por sus servicios.
Este hombre desde 1991 participaba activamente como intermediario del tráfico de armas hacia Croacia y Bosnia y Herzegovina. Armas que venían desde Israel, con el aval de Estados Unidos, y salían desde el depósito a cargo de Alfredo Yabrán. En otras palabras, Estados Unidos le vendía armas de manera ilegal a países enfrentados, hecho que por disposición de la ONU está prohibido.
Comenzar a investigar la hipótesis relacionada al tráfico de armas, implica no solo dar explicaciones por 26 años de recursos invertidos en una única hipótesis falsa, sino también exponer a Estados Unidos e Israel como participantes en la venta ilegal de armas a países que ellos mismos tildan como “eje del mal”.
Quedó demostrado que ir en pos de la verdad sale caro. Basta ver la acusación de traición a la patria en contra del ex canciller Héctor Timmerman, que murió sin la posibilidad de tratarse un cáncer en los Estados Unidos por una decisión del juez Bonadio.
Todo tiene un final, dicen, pero hay que lograr que este no sea un bucle temporal donde todo se repite una y otra vez. Se debe trabajar para que la AMIA encuentre justicia y sus muertos puedan al fin dejar de ser fantasmas en nuestra conciencia colectiva.
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