La violencia contra la libertad reproductiva, la desigualdad económica, la diferencia en la variedad de métodos anticonceptivos según la genitalidad, el rol de las obras sociales y la falta de cumplimiento de las leyes, son algunas de las variables que impiden que hoy se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de las personas vulvo portantes. Un análisis que recorre diversos puntos de esta situación que pone en jaque a las legislaciones vigentes.
*Ilustración: Caro Zuch para Alta Trama.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos, que se puede dividir en dos partes. Por un lado, los sexuales, que son aquellos que se refieren al derecho que tenemos las personas de disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencias, discriminación o riesgos. Es decir, el derecho que tenemos a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a que se respete nuestra orientación sexual e identidad de género, a acceder a información para cuidarnos y disfrutar de nuestro cuerpo.
Y por otro lado, están los derechos reproductivos, que son aquellos que se refieren al derecho que tenemos a decidir libremente, de forma autónoma y sin discriminación, si tener hijxs o no, con quién tenerlxs, cuántos tener y cada cuánto periodo de tiempo. También abarca el derecho a recibir información sobre métodos anticonceptivos, el acceso gratuito al método elegido, a la atención respetuosa y de calidad durante el embarazo, parto y posparto así como también a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto.
Estos derechos están protegidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y leyes nacionales como la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nº 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral de las mujeres, entre otras.
Entre las distintas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, y las violencias que se pueden sufrir, en esta nota haremos foco en la violencia contra la libertad reproductiva, que es aquella que impide decidir si tener hijxs o no, con quién tenerlxs, el número de embarazos y el tiempo entre los nacimientos. Es decir, haremos foco en la anticoncepción, en particular cuando una institución niega el asesoramiento y/o acceso a los métodos anticonceptivos o impone uno de ellos en lugar de dar a elegirlo.
Desigualdad anticonceptiva
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces? Preservativo para penes, anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, anticonceptivo hormonal de emergencia más conocido como pastilla del día después, dispositivo intrauterino (DIU), sistema de liberación intrauterino (SIU), implante subdérmico anticonceptivo, parches anticonceptivos, anillo vaginal, vasectomía y ligaduras de trompas.
Solo dos de estos métodos anticonceptivos están destinados a las personas con pene: el preservativo y la vasectomía. El resto están destinados a las personas con útero. No es casualidad entonces, que quienes están en contra del derecho al aborto “argumenten” su postura diciendo que nos cuidemos antes de hacernos una interrupción del embarazo, porque el peso cultural, social y médico de la anticoncepción está puesto en las personas con capacidad de gestar. A pesar de que somos fértiles solo ciertos días al mes, a diferencia de las personas con pene, que son fértiles todos los días.
¿Por qué no se han desarrollado variedad de métodos anticonceptivos para personas con pene como sí se ha hecho para las personas con vulva y útero? ¿por decisión de las farmacéuticas? ¿por dificultades científicas? ¿o por razones culturales? Si bien hay estudios para desarrollar anticonceptivos para personas con pene, en 2016 uno fue frenado debido a los efectos secundarios ocasionados, que no distaban demasiado a los que producen los anticonceptivos en las personas con vulva: granos en la piel, trastornos del estado de ánimo, aumento de peso.
Pero hay otra desigualdad más en torno a la anticoncepción, la económica. El hecho de que el uso de los métodos anticonceptivos caiga sobre las personas vulvo portantes, implica un gasto exclusivo de este grupo. Salvo los parches y el anillo vaginal, las obras sociales y prepagas deberían cubrir los métodos anticonceptivos al 100%, pero esto muchas veces no ocurre. En algunos casos tienen cobertura parcial y en otros directamente nula. Los que suelen tener cobertura son los anticonceptivos orales y el DIU, pero ¿estoy eligiendo libremente si solo puedo optar entre lo que ofrece gratis la obra social?
¿Cuánto cuestan si hay que abonarlos de forma particular? En el caso de los anticonceptivos orales van de los $300 a $2.500 aproximadamente, los anticonceptivos inyectables rondan los $500 pero tiene la complejidad de ser importados, y la última vez estuvieron en falta durante 6 meses. En el caso del sistema de liberación intrauterino (SIU) puede rondar los $23.000 con colocación incluida. El anillo vaginal cuesta cerca de $3.300 y los parches anticonceptivos $900, por poner algunos ejemplos. También existe el preservativo femenino que aún no se encuentra disponible en Argentina.
¿Cuál es el mejor? La respuesta es personal, según cada experiencia, deseo, comodidad y cuestiones referidas a la salud. Nadie puede elegir por nosotrxs, ni nuestra familia, pareja, médicx, obra social o sistema público de salud. Sin embargo, es fundamental el acceso a la información para comprender que además de métodos anticonceptivos, son necesarias barreras y cuidados contra las enfermedades e infecciones de transmisión sexual.
La influencia de la desigualdad económica en la elección de anticonceptivos
Si los métodos anticonceptivos son caros o económicos depende de los ingresos de cada persona. Hay que tener en cuenta que la tasa de desocupación y de empleo informal en mujeres y personas LGBTTIQ+ es más alta.
Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC durante el primer trimestre de 2021 la tasa de desocupación fue del 10,2 %. Mientras que para las mujeres fue del 12,3%, para los varones del 8,5%. Para una persona sin ingresos o con escasos recursos económicos, cualquier método va a ser caro.
Sería sencillo concluir que las personas de menores ingresos deberían comprar el método anticonceptivo más barato, pero en este caso no se estaría respetando el derecho a elegir libremente, de forma autónoma y sin discriminación; por el contrario, estaríamos hablando de violencia económica. Como se dijo anteriormente, el mejor método anticonceptivo depende de cada persona; si por contraindicación o preferencia una persona quiere colocarse un SIU por 5 años ¿por qué debe aceptar tomar anticonceptivos orales todos los días todos los meses?
Hace unas semanas se autorizó el aumento del 41 % para la medicina prepaga. Mediante la resolución 2125/2021 publicada en el Boletín Oficial se prevé 4 aumentos del 9% para las empresas de medicina prepaga para agosto, septiembre, octubre y enero de 2022. De esta forma se llegará al 61,1 % de aumento acumulado en menos de un año. Esto implica un aumento del gasto en salud de ciertas personas. Se paga más pero no se puede acceder con cobertura al método anticonceptivo que se desea. Paradójico.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” fue el lema de la Campaña Nacional por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, derecho que militamos contra viento y marea y conquistamos en el 2020. Estos tres ejes mencionados forman parte de los derechos sexuales y reproductivos; derechos humanos básicos que deben ser garantizados.
Pedimos por la plena implementación de la ESI en las escuelas y por el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el país, pero también debemos exigir a las obras sociales, prepagas y al Estado mediante el sistema de salud pública, que cubran al 100 % todos los métodos anticonceptivos, para que podamos decidir realmente cuál es el mejor método para cuidarnos.
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