La repercusión del posible pacto con China sobre las granjas de producción porcina trajo consigo grandes cuestionamientos y reabrió debates que no solo tienen que ver con el maltrato animal y el cuidado del medio ambiente, sino también con el proyecto de país que enmarca firmar un acuerdo como este. En este contexto, surgen opciones de producción sustentable, la agroecología es una de ellas, aunque pareciera no ser tenida en cuenta en el mapa nacional. Con estas variables entonces: ¿qué se pone en juego en el futuro de nuestro país con la firma de este acuerdo?
*Ilustración: Fiorella Beltrami para Alta Trama.
China consume actualmente cincuenta y dos millones de toneladas de carne por año, lo que representa cerca del 65% de la producción mundial de cerdos. En esta línea, el país asiático hace dos años atrás sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA), un virus altamente contagioso que afecta la vitalidad de estos animales y que según publicó la revista científica PNAS tiene potencial pandémico de una nueva cepa: la Gripe Porcina.
Su peligrosidad fue advertida por la Organización Mundial de la Salud ya que podría mutar y resultar infecciosa para los humanos. Por esa razón, y para evitar su propagación, China habría sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos, quemándolos o enterrándolos vivos. Esta acción provocó una disminución en la producción de entre un 20% y 50%.
De esta manera, erradicar este virus y proveer a la población de esta carne son las dos preocupaciones que tiene hoy el gobierno chino y por eso autorizó a sus empresas a invertir en otros territorios, y se propone aumentar las importaciones de carne de cerdo, en al menos (datos no oficiales) un 75% más para este año. Argentina se convierte así, en uno de los países apuntados por el gigante asiático para ser parte de su plan.
Consultados por el diario Ámbito Argentino, la Cancillería adelantó que estiman la firma del contrato con China para noviembre de este año, algo que según sus análisis podrían disparar la construcción de 25 granjas industriales que aumentarían la producción de carne de cerdo en más de 882.000 toneladas, la de maíz en más de 3 millones de toneladas y generaría 9500 puestos de trabajo. Todo esto llevaría a un aumento de las exportaciones en 2500 millones de dólares anuales.
Presentando en estos términos, presupone una mejoría en todos los aspectos: más trabajo y más dólares en caja. Pero ¿a costa de qué?
La producción de cerdos consta de cuatro etapas:
1. Las cerdas son inseminadas artificialmente, para luego ir a la jaula de gestación, un espacio del tamaño del cuerpo del animal, en dónde la cerda se debe quedar parada durante los 114 días que dura la gestación. Es algo así como un cajón a cielo abierto.
2. Luego le inducen el parto y la colocan echada contra el piso, aprisionada por barrotes de metal para que no pueda moverse y con sus crías mamando durante aproximadamente 21 días.
3. Después de ser destetados, la cerda vuelve a inseminación y los lechones pasan a un criadero de transición hasta que alcanzan de seis a diez semanas de edad.
4. La última etapa es la de engorde, en la que se alimenta a los cerdos hasta que alcanzan su peso de mercado. Generalmente se venden para consumo a los cinco o seis meses de edad, cuando un cerdo en libertad puede vivir entre diez y quince años.
Este maltrato animal, se observa no solo a través de las condiciones en las que los crían, como los espacios reducidos y las condiciones de higiene por debajo de las normas internacionales, sino también en su alimentación, con el abuso de antibióticos, y sobre todo en el accionar dentro de los mataderos, donde según varias denuncias y registros fílmicos, como el documental Matadero, se violan todas las legislaciones internacionales.
Además, en todo este proceso se generan desechos altamente tóxicos para el medio ambiente y el ser humano. Según estudios de Igualdad Animal, realizados por la Organización Internacional por los Derechos de los Animales, las granjas de cerdos generan el 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Otro punto esencial para analizar es el consumo de agua, ya que para producir un kilo de carne se necesitan 12 mil litros de agua potable aproximadamente. En esta línea, un documento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, titulado “Complejo tecnológico exportador porcino 20-30” filtrado el martes 25 de agosto, y dado a conocer por la periodista Soledad Barruti a través de Facebook, revela algunos detalles de este acuerdo, como el dato de que cada módulo productivo necesitará un millón y medio de litros de agua por día.
Reacciones
“Los pobres seguirán siendo pobres, pero unos cientos tendrán empleos asquerosos, y los animales son cosas a los que en algunos casos llaman madres y abuelas, para las que se piensan lugares mínimos: jaulas y corrales donde se reproducen y esperan hasta terminar como carne de exportación”, declaró en Facebook, Soledad Barruti, al comunicar sobre este acuerdo, en el que cerró su publicación afirmando que con este proyecto se garantiza “la seguridad alimentaria de otros, mientras nuestra soberanía alimentaria espera y espera que le lleguen tiempos mejores”
De esta manera el tema se transformó en tendencia durante los últimos meses, donde diferentes asociaciones y referentes medioambientalistas y varios sectores de la sociedad se organizaron y juntaron más de 65 mil firmas en menos de 24 horas con una carta en donde postulan que “Estos centros se convierten en un caldo de cultivo de varios virus y bacterias resistentes que pueden provocar nuevas infecciones con daños incalculables”.
Las firmas que expresaron el rechazo a este modelo industrial extractivo que se quiere intensificar son miles, entre las cuales se encuentran científicos del Conicet, activistas ambientales, intelectuales, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), un grupo de escritoras con Claudia Piñeiro a la cabeza, reconocidos cientistas sociales, como Maristella Svampa y Enrique Viale, y diferentes artistas como Laura Azcurra, Julieta Díaz, Celeste Cid, Guillermina Valdés, Natalia Oreiro y Cecilia Roth.
Dentro de este marco, el martes 25 de agosto hubo manifestaciones en diferentes ciudades del país para frenar el acuerdo, pedir que cuente con licencia social y advertir sobre el ecocidio perpetuado por los incendios intencionales en Chaco, Formosa, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Incendios que están siendo investigados por sospechas de haber sido intencionales para beneficiar al negocio de la soja. Durante esta manifestación pacífica en Plaza de Mayo, dos mujeres fueron detenidas por efectivos de la policía de la ciudad, pero fueron liberadas gracias a la acción de los propios manifestantes quienes organizaron una sentada impidiendo la salida de los patrulleros.
Hasta el momento, no existen posturas con nombre y apellido desde Cancilleria ni desde la Casa Rosada. Entre los pocos argumentos a favor que aparecen en algunos diarios presentados como fuentes anónimas, se pueden encontrar los referidos al efecto positivo en la “desojización” por la mayor demanda de maíz para alimentar a los cerdos que puede generar un alza en el precio diversificando la canasta exportable. También señalan la federalización de la producción, porque los planes son que las granjas se instalen por fuera del área pampeana en zonas postergadas, como La Rioja, Corrientes y Chaco.
Otra propuesta
Para hacer frente a las problemáticas alimenticias, económicas y de salud que están afectando al país es necesario preguntarse con qué soluciones contamos más allá de la exportación de carne y granos como única posible. La soberanía alimentaria parece ser el camino correcto si no queremos seguir afectando al medio ambiente con un consumo del tipo extractivista, consumista y rentístico, pero ¿qué es la soberanía alimentaria?
Según la definición publicada en el INTA: “Se entiende por Soberanía Alimentaria: el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” (Foro de ONG/OSC, 2002).
Esta definición obliga a repensar políticas públicas para que no duren cuatro o cinco años, sino que sean parte de una planificación a largo plazo capaz de atravesar gobiernos y adaptarse a diferentes coyunturas. Por otra parte también es necesario que este tipo de acuerdos se traten en el Congreso para que la sociedad mediante sus representantes tenga la posibilidad no solo de decidir sobre el futuro de su medio ambiente, alimentación y tierras sino también de postular otras propuestas.
La agroecología para la Soberanía
Existen hoy en el país varias organizaciones de pequeños productores que se encargan de hacerle frente al modelo sojero conservador dominante. Tal es el caso, de la Unión de Familias Organizadas de Pequeños Productores (UOCB) de Santa Fe, que a su vez integran el Movimiento Provincial de Pequeños productores de Santa Fe (MoPProFe), el cual reúne a 32 organizaciones del mismo tipo. Teodoro Suárez, miembro de la UOCB y de la Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales de la provincia de Santa Fe, detalló una propuesta de la Agroecología, en una entrevista dada al medio Conclusión:
“Proponemos la agroecología, hacer nuestros propios bioinsumos, acceso a la tierra para quienes la trabajan, circuitos de comercialización justos, perspectiva de género también en los ámbitos rurales y todo lo que tiene que ver el cambio social que anhelamos, con grandes consignas globales como la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria. Pero, nosotros y nosotras a esos lineamientos los construimos todos los días desde acciones concretas: una familia que deja de producir con agroquímicos, un almacén que abrimos y que permite cadenas de comercialización más justas para los productores y los consumidores, una tierra fiscal ganada para fortalecer la producción agroecológica. Es una organización que lucha para conquistar derechos y transformar la realidad porque sabemos que contra los grandes enemigos sólo la organización cuenta como herramienta de cambio social”.
Existe un marco legal internacional que avala este tipo de producción y a estas organizaciones. El Movimiento Campesino luego de muchos años de lucha, logró que la soberanía alimentaria sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como la estrategia para terminar con el hambre del mundo. Y también que las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, en diciembre de 2018 (CELS).
En resumen, la propuesta campesina en el marco de la soberanía alimentaria trae consigo nuevas formas de producción, de distribución, comercialización y consumo de alimentos que no prioricen la maximización de las rentas sino que se enfoque en el bien común.
Hacerse cargo
Sabiendo que los únicos argumentos a favor de este tipo de acuerdos son referidos a la cantidad de dinero que se podría generar y a federalizar la producción, sin tener en cuenta de qué tipo de producción y que efectos secundarios tendría para esas provincias, es necesario preguntarse y bregar por nuevas formas de producción que respeten el medio ambiente y que privilegien el alimento de todos los argentinos por sobre la cantidad de dinero inmediata como resultado de acuerdos internacionales con promesas de grandes remesas en poco tiempo.
También es obligación del Estado dar las explicaciones necesarias referidas a los acuerdos de este calibre y de potenciar el debate público para que el pueblo pueda no solo participar sino también educarse en cuestiones medioambientales y de alimentación. Es sabido que cada vez que un tema toma la agenda pública, la población se compromete en el debate (Ley 125, matrimonio igualitario, aborto legal, ley de medios). Y es tarea de los gobiernos identificar y priorizar las necesidades de sus pueblos mediante sus manifestaciones públicas, sin que esto sea una condición de aceptar cualquier tipo de solución por el solo hecho de actuar con rapidez.
El gobierno debe hacerse cargo de estas problemáticas porque su condición ideológica cuyas bases se sostienen en la justicia social, la redistribución de la riqueza y el Estado presente, se lo demandan. Y por nuestra parte como ciudadanos nos debemos una discusión sobre nuestra soberanía alimentaria, y el medio ambiente. Debemos preguntarnos si es posible seguir cultivando alimentos para engordar animales que son vendidos para ser consumidos en otros países, y por aquellos sectores que pueden pagarlo, cuando en nuestro país hay millones de ciudadanos que necesitan comer, entre ellos más de 5 millones de niños que pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios, según datos otorgados por aldeasinfantiles.org.ar.
El gobierno de Alberto Fernandez asumió con el plan de cerrar la grieta y generar grandes consensos. Pero es necesario tener presente que el consenso se debe lograr en base a políticas que sean beneficiosas para la mayoría de la población, y el Estado tiene que ser el encargado de arbitrar a favor de aquellos que no detentan el poder suficiente para sentarse en las mesas de negociaciones.
Más allá del contexto en materia de salud en el que el mundo está siendo atravesado, no hay que perder de vista las causas del mismo y es por esto que la soberanía alimentaria y el medio ambiente son dos cuestiones que lejos de ser lejanas a las problemáticas inmediatas de la sociedad están presentes en cada forma de vida.
El futuro y desarrollo de nuestro país puede tomar caminos diferentes en base a las decisiones que hoy tomemos: poder convertirnos en un país que evoluciona siendo vanguardista en sus acciones políticas o bien quedarnos varados en el mismo lugar de siempre, dependiendo de los grandes jugadores económicos del mundo, sin participar en los verdaderos cambios estructurales que proporcionan legítimas mejoras en la vida presente y futura de la población mundial.
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