Los psiquiátricos de permanencia indefinida siguen operando a pesar de existir la Ley Nacional de Salud Mental. El Decreto Reglamentario 603/2013 ordenó sustituirlos por sistemas comunitarios para el 2020, sin embargo esto está lejos de ocurrir ¿Por qué siguen existiendo estos lugares? ¿qué son y cómo funcionan? ¿Es posible asistir a las personas con problemas de salud mental desde otra perspectiva que no sea la manicomial? El encierro es inconstitucional, pero sobre todo, no es salud.
Ilustración: Penélope Chauvié para Alta Trama.
Existen en Argentina 162 hospitales psiquiátricos, 41 son públicos y 121 de administración privada, según el Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019. En la práctica no debería existir ninguno, lo indica el Decreto Reglamentario 603/2013 que ordenó sustituirlos por sistemas comunitarios para el 2020.
En un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio por el peligro de una pandemia que, de momento, no tiene vacuna ni forma similar de prevención, las personas que habitan estos lugares de encierro, 12.035 en total, corren un riesgo doble debido a la falta de insumos y cuidados de higiene.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, establece un cambio de paradigma en el abordaje de los problemas psicosociales desde las instituciones, ya que en la práctica estos lugares acaban siendo asilos de privación de la libertad y perpetradores de malos tratos a lxs residentes que se ven obligadxs a vivir en condiciones de abandono absoluto, sobre todo en el caso de los manicomios estatales.
Esto se evidencia en casos como el de Jorge Marcheggiano (70), que el 22 de mayo fue atacado y asesinado por una jauría de perros mientras caminaba por uno de los jardines del Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda donde residía, a pesar de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había alertado en reiteradas ocasiones sobre esta problemática.
Derribar el paradigma
“El colectivo usuario del sistema de salud mental se nombra a sí mismo como personas con discapacidad psicosocial, ya que de esta forma se visibilizan los factores psíquicos ligados a lo social y al contexto que atraviesa cada unx”, dice Víctor Rodríguez, psicólogo, activista en salud mental e integrante del CELS, institución que forma parte de un movimiento de Derechos Humanos que aboga por transformaciones en esta cuestión.
Basándose en la agenda por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asamblea de la ONU del 2006, Víctor explica por qué el contexto de encierro por motivos psiquiátricos es propiciatorio de graves violaciones a los Derechos Humanos:
“Según los relevamientos, las condiciones de vida en sí mismas son precarias, en términos de higiene, alimentación y habitabilidad. Las personas internadas suelen recibir maltratos, lesiones físicas, abusos psicológicos y sexuales, torturas, e incluso existen casos de muertes que no fueron investigadas”.
Una de las raíces de este problema es la concepción del sistema de salud mental, que en Argentina Víctor lo caracteriza como “hospitalocéntrico”, es decir, que “el eje de su funcionamiento está en el hospital psiquiátrico y no en la contención de las personas para ayudarlas a sanar o sobrellevar sus problemas psicosociales”.
En la práctica los manicomios acaban siendo lugares de residencia de personas de bajos recursos, que ven pasar los años sin perspectivas de continuar un tratamiento con libertad ambulatoria. “Lxs que tengan la posibilidad pagarán algún hospital privado, aunque estos tampoco están exentos de estas prácticas”, aclara el psicólogo, y agrega “quien tenga recursos va a tener más posibilidades de salir que alguien que no”.
A pesar de ser un lugar poco cuestionado en el orden social, en Argentina, y en el mundo, hay experiencias de sistemas de salud que pudieron prescindir de los psiquiátricos sustituyendolos por sistemas centrados en la comunidad.
¿Qué son y cómo funcionan los psiquiátricos?
¿Por qué si una persona necesita internarse por un problema al corazón, de riñones o por COVID-19, puede hacerlo en un hospital, pero si tiene un problema severo de salud mental se lo envía a un psiquiátrico?
El hospital como lo conocemos hoy comenzó a mediados del siglo XVII en Inglaterra, con el surgimiento de las grandes urbes durante la revolución industrial. ¿El motivo? las personas debían gozar de buena salud para mantener una maquinaria de producción.
El psiquiátrico, en cambio, en los inicios de la era moderna estaba ligado a la religión y al aislamiento de sectores sociales que resultaban una “carga” para las sociedades: huérfanxs y personas de bajos recursos. Es decir, en ningún caso, con la intención de cuidar de su salud.
Cuando la medicina comenzó a estudiar en detenimiento el funcionamiento psíquico de las personas, recién, estos lugares empezaron a contar con la presencia de profesionales de la salud mental.
“En un hospital la idea es examinar, diagnosticar y curar. En un psiquiátrico en cambio el objetivo es ser un asilo de personas. Son instituciones que responden a una naturaleza muy alejada de la medicina. Son asilos gobernados por psiquiatras”, dice Víctor.
Un buen ejemplo de esto en Argentina lo encontramos en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, el manicomio más antiguo fundado en 1865 bajo el nombre de Hospicio de San Buenaventura, para luego llamarse Hospicio de las Mercedes.
Pablo Maggiolo, psicodramatista, extensionista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Colectivo de Arte y Desmanicomialización “Desheredadxs de la razón” entre 2012 y 2013, cree que “para que la ley se haga efectiva, se requiere de una fuerte toma de conciencia de las personas de adentro”.
Retomando experiencias militantes de los años ’70 en los psiquiátricos, este grupo dictaba talleres de arte para usuarixs del Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos “Dr Alejandro Korn” del barrio Melchor Romero, La Plata.
“Hablábamos de compañerx de adentro y compañerx de afuera, era uno de nuestros ejes trabajar desde la horizontalidad”, cuenta Pablo. El foco estaba en tratar como pares a las personas residentes del manicomio, utilizando el arte como herramienta disparadora en situaciones grupales.
“A partir de asambleas que fuimos organizando lxs compañerxs de adentro pudieron empezar a hablar de lo que vivían y sufrían cotidianamente. Incluso llegaron a organizarse y a ocupar el espacio de coordinación de los talleres”, dice Pablo.
Incluso en la cárcel, institución en la que se violan recurrentemente los derechos humanos, existen una serie de procedimientos judiciales hasta que se deriva a una persona allí.
Víctor afirma que “todo eso no existe en el encierro de una persona en un manicomio. Un locx puede entrar en un psiquiátrico y no salir en 90 años solo porque a un psiquiatra se le ocurrió. No hay instancias en la que las personas pueden ejercer sus derechos. Es aún más arbitrario que la cárcel”.
¿Por qué siguen existiendo estos lugares?
Según el censo del 2019 el promedio de internación fue de 8,2 años, con casos de hasta de 90 años, mientras que en el sector público el promedio fue de 12,5 años y en el privado de 4,2 años.
Existe un acuerdo entre lxs profesionales de la salud en que un episodio de crisis psicosocial, que puede derivar por ejemplo en un intento de suicidio, no dura más de tres meses, razón por la cual la misma ley establece en su artículo 24 que la internación involuntaria no debe durar más de 90 días, a menos que un juez lo dictamine.
A pesar de eso, Pablo cuenta que la mayoría de los residentes del Romero eran adultos mayores que llevaban varios años viviendo ahí dentro. “A esas personas se las suele nombrar ‘población crónica’, y es la que suele estar más aplastada moral, sentimental y anímicamente”.
Con el correr de los años fueron surgiendo organizaciones de usuarixs y familiares que mantienen activo el reclamo por mejores condiciones de vida en los manicomios y por el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental.
Tal es el caso de la Asamblea Permanente de Usuarios de Salud Mental (APUSSAM) y la Red de Arte y Salud Mental. Además de instituciones como el CELS, el Movimiento Desmanicomializador de Romero, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Pasó la primera mitad del 2020 y los manicomios siguen donde siempre estuvieron. Ante la pregunta de por qué no se ha avanzado significativamente con este cambio Víctor dice: “Lxs psiquiatras, no todxs, pero sí en gran mayoría, pueden ser opositorxs a este tipo de propuestas. Pareciera que la idea de que no exista el psiquiátrico equivale a que no exista la psiquiatría, cosa que no es así”.
Aunque existen provincias y lugares del país donde se avanza más que en otros, hay una cuestión central que es la voluntad política. “Las instituciones de encierro sirven para el control social. En gran medida cumplen una función de ‘limpieza social’, ya que contienen a un sector que si no está internado estaría en la calle. Y eso molesta a ciertos sectores de la sociedad con determinada visión de mundo”, explica Víctor.
¿Es posible asistir a las personas con problemas de salud mental desde otras perspectivas que no sean las manicomiales?
Es y debe ser posible, más si el origen del manicomio no está vinculado al cuidado de la salud mental, y además se violan frecuentemente los derechos humanos. Pero, ¿de qué manera abordamos las problemáticas de salud psicosocial en casos extremos de “crisis” en los que se pone en riesgo la integridad de la propia persona como de tercerxs?
El Artículo 27 de la Ley Nacional de Salud Mental habla de “dispositivos comunitarios” como reemplazo al neuropsiquiátrico. ¿Qué significa que el sistema de salud mental esté centrado en la comunidad?
Quiere decir que al momento de transitar un tratamiento de salud mental la contención que necesita lx usuarix es provista por la comunidad, y si llegado el caso le sucede una crisis que pone en peligro su integridad o la de tercerxs, la persona debería poder recibir atención en un hospital general, tal como sucede con los otros problemas de salud. Jamás se debe privar de la libertad a la persona por un tiempo demasiado prolongado. A este proceso se lo llama: desmanicomialización.
Desde esta perspectiva la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, las actividades sociales y la libertad ambulatoria, es lo que necesitan lxs usuarixs para superar o, en su defecto, convivir con su discapacidad psicosocial, siendo necesario crear centros de salud mental y albergues transitorios donde puedan vivir temporalmente si así lo necesitaran, acompañadxs de ayudantes terapéuticos. A diferencia de la perspectiva hospitalocéntrica, se trata de no despojar a la persona de su ciudadanía y de sus derechos.
Un ejemplo de esto es el abordaje de la salud mental en la provincia de Trieste, Italia, donde se estableció el cierre de todos los manicomios del distrito, y más tarde del país, en 1978, estableciendo un sistema de tratamientos e internaciones voluntarias donde la obligatoriedad se puede dar sólo bajo determinadas condiciones.
En la misma línea, en Río Negro, Argentina, rige la Ley provincial N° 2.440 que promueve el abordaje socio-comunitario de la salud mental, evitando el encierro, la estigmatización y la degradación de las personas, además de limitarse la internación únicamente a los casos en que resulte imprescindible.
Pablo describe al manicomio de la actualidad como un lugar donde “ves en primera persona la desigualdad que cuentan los libros”. Y a las personas residentes con un denominador común: “gente pobre que no tiene recursos, y que la alternativa de no vivir ahí es la calle.”
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